Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) de México decidieron no atender la solicitud de los legisladores de Morena, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, para eliminar los registros de 26 candidatos a jueces y magistrados. Esta petición se basó en la supuesta falta de calificaciones necesarias y posibles vínculos con la delincuencia organizada. Durante la sesión del INE, se enfatizó que el organismo no tiene la autoridad para modificar las candidaturas judiciales, subrayando que los candidatos fueron seleccionados por comités de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Varios consejeros expresaron su descontento con la falta de verificación en los perfiles de los candidatos. Noroña y Gutiérrez Luna habían señalado que, debido a informes periodísticos que involucraban a candidatos con antecedentes cuestionables, como Fernando Escamilla, vinculado a un líder del cártel de Los Zetas, se debía proceder a eliminar sus candidaturas. Sin embargo, los consejeros cuestionaron la responsabilidad de los comités de selección en la evaluación de la idoneidad de los candidatos y señalaron que muchos de los mismos ya habían sido validados previamente por dichos comités.
Las declaraciones de los consejeros reflejaron una frustración hacia la falta de revisión adecuada de los perfiles de los aspirantes y pusieron de manifiesto un vacío en el proceso de selección y validación que condujo a la actual controversia en torno a las candidaturas.