El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha estado en el centro de atención debido a un notable aumento en las solicitudes para ser observadores electorales en las próximas elecciones judiciales, con un total de 316,498 solicitudes recibidas. Esta cifra es significativamente superior a las 34,000 solicitudes durante el proceso electoral federal de 2023-2024, que fue el más amplio en la historia de México. A pesar de este interés tan elevado, las proyecciones de participación electoral para las elecciones judiciales son bastante limitadas, con la expectativa de que solo 20 millones de personas voten, un tercio de la cantidad de votantes en el proceso anterior.
El consejero Jaime Rivera Velázquez expresó su preocupación sobre el uso de la observación electoral, advirtiendo que no debería ser un mecanismo de vigilancia o coacción sobre los electores. Además, se ha confirmado que el INE ha acreditado a 131,239 observadores, cifra que supera en cinco veces a la del año anterior. Sin embargo, el INE también ha rechazado 62,000 solicitudes, muchas de las cuales corresponden a militantes de partidos políticos, lo que plantea interrogantes sobre el motivo de tal cantidad de solicitudes y su posible relación con operaciones del aparato político, en especial del oficialismo.
La situación ha generado inquietudes sobre la autenticidad del interés en la observación electoral y su posible uso para influir en el proceso electoral. La discrepancia entre el número de solicitantes y la baja participación esperada es un fenómeno que merece atención y análisis por parte del INE y la sociedad en general.