La situación en Culiacán, Sinaloa, refleja la grave crisis de violencia y desplazamiento que enfrenta la población debido a la guerra entre grupos criminales. Al menos 150 personas, provenientes de comunidades rurales afectadas por la violencia, se habían reunido en un predio en Montesierra. Sin embargo, el desalojo forzado realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) con agentes armados ha generado un nuevo sufrimiento para estas familias que ya habían huido de la inseguridad en sus localidades, como La Vainilla y Tepuche.
Estas comunidades han sido blanco de ataques, incluyendo el uso de drones para lanzar explosivos, lo que ha llevado a muchos a abandonar sus hogares. A pesar de que estas familias llegaron a Culiacán en busca de seguridad, su situación se ha visto amenazada nuevamente por acciones gubernamentales.
El desalojo, que ocurrió en la noche del lunes, es un reflejo de la falta de soluciones efectivas para proteger a las personas desplazadas por la violencia en la región, que es parte del conocido "triángulo dorado", un área de conflicto entre cárteles del narcotráfico. La situación exige un enfoque más humanitario y la implementación de medidas que garanticen la seguridad y el bienestar de los desplazados.