Este artículo destaca la situación de Miguel Huerta Torres, un Servidor de la Nación y líder comunitario que fue secuestrado hace tres años en Temaxcalapa, Guerrero. La familia de Huerta ha enfrentado desplazamiento forzado y ha expresado su frustración por la falta de avances en la investigación, ya que las autoridades aducen que la zona es controlada por la organización criminal La Familia Michoacana y, por ello, es peligrosa para la búsqueda.
El delegado del Gobierno de México para Programas para el Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz, ha dejado a la familia de Huerta desprotegida, ya que, tras su desaparición, lo dio de baja por "abandono laboral" a los dos meses, afectando el acceso de la familia a derechos laborales y de seguridad social.
Además, el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), Alejandro García Solorio, se ha deslindado del caso, indicando que la investigación correspondiente la lleva la Fiscalía General del Estado de Guerrero, aunque aseguró que están colaborando en el proceso. Esta situación refleja la problemática de las desapariciones forzadas en México y la falta de apoyo y protección para las familias afectadas.