El reciente contexto en el Poder Judicial de la Federación (PJF) en México ha estado marcado por una creciente tensión en relación con la reforma judicial impulsada por la administración de Andrés Manuel López Obrador. La marcha del 16 de enero convocada por trabajadores del PJF refleja una preocupación significativa por el futuro de la carrera judicial y la independencia del sistema judicial en el país.
Los participantes, incluyendo alrededor de 3,000 servidores públicos, expresaron su descontento con la reforma que consideran perjudicial y capaz de provocar una "grave crisis constitucional". Las voces de la marcha, como la de Patricia Aguayo, subrayaron la importancia de la carrera judicial, especialmente en el contexto de fortalecer el papel de las mujeres en el poder judicial.
El exsenador Emilio Álvarez Icaza se unió a la protesta, llamando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a evaluar la posibilidad de impugnar la reforma, lo que indica que hay un amplio rechazo y preocupación dentro del ámbito judicial ante los cambios propuestos.
La reforma, que cuenta con el apoyo de algunos sectores, ha sido calificada por los críticos como un "capricho" de la administración actual, y se anticipa que la discusión en la SCJN será un momento crucial para determinar el rumbo futuro de la justicia en México. La respuesta de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum y su administración será observada con atención tanto por quienes apoyan como por quienes se oponen a la reforma.