La reforma a la Ley del Infonavit propuesta por el gobierno de la Ciudad de México busca abordar y erradicar prácticas corruptas dentro del instituto que maneja los créditos para la vivienda en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado la existencia de una red delictiva que incluye complicidades entre trabajadores del Infonavit, notarios, y otros profesionales que han estado involucrados en actos irregulares, como la triangulación de fondos, la falta de penalizaciones a empresas incumplidoras, así como la reventa de inmuebles en múltiples ocasiones.
La intención del gobierno es implementar una estructura más transparente en el Infonavit, contraria a la defensa de la oposición, que sostiene que la reforma no beneficiará a los trabajadores. Sheinbaum enfatiza que la reforma propone mayor control y supervisión para asegurar que los ahorros de los trabajadores se utilicen de manera adecuada y para el cumplimiento del derecho a la vivienda.
Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, aclaró que la reforma propone mantener el principio de tripartismo paritario en los órganos de gobierno del instituto y busca homologar el esquema de gobierno corporativo del Infonavit con el del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esto sugiere un enfoque en mejorar la gobernanza y la rendición de cuentas dentro de la institución.