Las prácticas de extorsión denunciadas en Tequila podrían ser parte de un problema más amplio en Jalisco, según el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Antonio Lancaster-Jones González. Este ha señalado que hay al menos cinco municipios, fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, que enfrentan situaciones similares de cobros ilegales y presiones a los sectores productivos.
A pesar de no revelar los nombres de estos municipios, Lancaster-Jones mencionó que se han presentado denuncias ante las autoridades estatales, pero por razones estratégicas, no se darán más detalles para no obstaculizar las investigaciones en curso. Resaltó que la extorsión es un problema grave en el país y que la más dañina es la “extorsión institucional”, que se manifiesta a través de cobros y multas que no tienen justificación.
Lancaster-Jones anunció dos iniciativas: una para bloquear el acceso del crimen organizado a los cargos públicos mediante requisitos más estrictos, y otra para combatir la extorsión institucional. Describió situaciones en las que se exige el otorgamiento de licencias a cambio de “regalos” o apoyos en especie, ejemplificando que se ha pedido, por ejemplo, una ambulancia a cambio de una licencia.
El líder del CCIJ solicitó fortalecer la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que pueda iniciar investigaciones de oficio, argumentando que el miedo detiene a muchos empresarios y ciudadanos de presentar denuncias formales. En el caso de Tequila, se han presentado tres denuncias formales contra el exalcalde y otros funcionarios, aunque muchas acusaciones no han prosperado por temor a represalias.
Lancaster-Jones subrayó que la corrupción y la extorsión afectan directamente la competitividad, citando un estudio de la OCDE que muestra que estos fenómenos pueden reducir la productividad en un 30%. Advirtió que la extorsión busca apoderarse de la propiedad privada, y no se limita a solicitar un porcentaje de las ganancias.