El contexto del descontento en Chihuahua, especialmente en la Sierra Tarahumara, ha sido expuesto por representantes de las comunidades originarias. Patricia Castillo, hablando en representación del pueblo rarámuri, ha denunciado la falta de acción del gobierno estatal, liderado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, ante el aumento de la violencia y la tala ilegal en la región. Su intervención se dio durante una marcha organizada por el partido Morena, donde se exigió el desafuero de la gobernadora debido a su aparente inacción ante la crisis que enfrentan las comunidades, que sienten que su historia y territorio están siendo robados.
Las preocupaciones se centran no solo en el desplazamiento forzado de estas comunidades, especialmente en áreas como el Triángulo Dorado, que es conocido por la disputa de poder por el narcotráfico, sino también en la omisión del Estado respecto a la situación ambiental y la protección de sus territorios. La Plataforma Centinela, una iniciativa del gobierno estatal para mejorar la seguridad, ha sido criticada por no abordar las raíces del problema en el territorio, ya que parece enfocarse más en la vigilancia externa que en la protección de las comunidades locales y su entorno.
La marcha no solo fue un acto de protesta, sino también un momento de confrontación política, ya que miembros del Partido Acción Nacional (PAN) se movilizaron para expresar su desacuerdo con la presencia de líderes del Morena, mostrando la polarización actual en la arena política del estado. La situación es compleja, con diferentes actores políticos, preocupaciones de seguridad, y necesidades de justicia para las comunidades originarias que enfrentan múltiples desafíos en un contexto de violencia y despojo.