Ernestina Godoy Ramos, la nueva fiscal general de la República en México, ha comenzado a consolidar su poder e influencia dentro de la administración de la 4T (Cuarta Transformación), tras reemplazar a Alejandro Gertz Manero. Desde su nombramiento, ha estado tomando decisiones relevantes tanto en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) como en la Policía de Investigación (PDI) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
A pesar de que Godoy Ramos afirmaba ser una "fiscal de paso" y había prometido mejoras en la estructura y funcionamiento del sistema de justicia, tales como una denuncia más rápida y la posibilidad de reportar delitos desde un teléfono móvil, estas promesas no se han materializado. Bajo su liderazgo, se destinaron más de 30 millones de pesos para "mejoras" en la FGJ-CDMX, pero dichos recursos no fueron auditados adecuadamente.
Además, su entorno familiar ha suscitado controversia, ya que varios de sus familiares han obtenido puestos importantes en el gobierno federal, ganando salarios superiores a los 100 mil pesos. Esto ha llevado a críticos a señalar que su familia, incluyendo dos hijas y dos hermanos, ha pasado a ser parte del aparato gubernamental, lo que genera cuestionamientos sobre su imparcialidad y las posibles influencias dentro de la administración pública.
A medida que Godoy Ramos asume un rol más prominente en la esfera política, su gestión se encuentra bajo un intensivo escrutinio público, especialmente en relación con la designación y permanencia de sus familiares en diversas posiciones de poder. Las acusaciones de nepotismo la han puesto en el centro del debate, alimentando la percepción de que ciertos individuos son "intocables e inamovibles" debido a su cercanía con figuras clave, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.