La reciente aprobación de la reforma en materia de salarios en México representa un avance significativo en la política salarial del país, con modificaciones esenciales al artículo 123. Esta reforma establece que los salarios mínimos, ya sean generales o profesionales, deben ajustarse anualmente de tal manera que nunca queden por debajo de la inflación observada. Esto busca garantizar que el poder adquisitivo de los trabajadores no se vea erosionado por el aumento de los precios.
Desde el inicio de la política de recuperación salarial en 2018, el país ha visto un incremento del 110% en el salario mínimo, lo que es considerable. El reciente aumento del 20% en comparación con el año anterior aumentó el ingreso diario de los trabajadores a al menos 248.93 pesos. Sin embargo, con la inflación anual general registrada en 4.66% en la primera quincena de septiembre de 2024, se hace evidente que el salario mínimo necesita ajustes que superen este porcentaje para seguir mejorando el bienestar de los trabajadores.
Claudia Sheinbaum, presidenta electa, ha delineado un enfoque a largo plazo, proponiendo incrementos anuales de alrededor del 11% durante su mandato, con metas ambiciosas para 2026 y 2030, buscando que el salario mínimo alcance cifras mucho más cercanas a la Línea de Pobreza por Ingresos Urbanos (LIPIU).
En noviembre, será crucial el trabajo de representantes de patrones y sindicatos al presentar sus informes ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), dado que esos datos influirán en los ajustes salariales futuros. Consultoras como Adecco ya han comenzado a proyectar aumentos, con la intención de equilibrar la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores sin imponer una carga excesiva a las empresas. Este enfoque gradual busca fomentar un ambiente de crecimiento tanto para empleados como para empleadores.