El Poder Judicial de la Ciudad de México ha enfrentado una grave crisis debido a un paro iniciado por sus trabajadores desde el 28 de mayo. Este paro ha afectado a cerca de 100 mil usuarios diariamente que acuden a las sedes de la institución, provocando retrasos en asuntos civiles, familiares, penales y laborales. Los trabajadores exigen mejoras salariales, actualización de equipos de cómputo, mejores condiciones en los inmuebles y mobiliario, mayor personal para manejar la carga de trabajo y el cese del hostigamiento laboral por parte de jueces y magistrados.
Como resultado del paro, el Consejo de la Judicatura local ha emitido acuerdos para suspender plazos y términos judiciales, limitando la atención únicamente a trámites urgentes, como pensiones alimenticias y casos de violencia familiar. Muchos otros procesos, incluidos juicios civiles y solicitudes de divorcio, están paralizados.
Además, esta situación se agrava por un rezago judicial que ha aumentado desde 2020 por la pandemia de COVID-19, lo que llevó a un esfuerzo acelerado de digitalización en el PJCDMX a pesar de los recortes presupuestales continuos. También se da en un momento en que se implementa el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que ha llevado a la extinción de juzgados y a una mayor carga de trabajo para los que han sobrevivido, sin que se les brinden los recursos necesarios para hacer frente a estas nuevas exigencias.