El debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acerca de la reforma judicial en México ha revelado una ola de divisiones significativas entre los ministros. En una reciente sesión, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto que sugiere que la Corte acepte revisar la constitucionalidad de dicha reforma, una propuesta que fue respaldada por ocho de sus colegas.
El consenso de estos ocho ministros fue que permitir la tramitación de las impugnaciones presentada por jueces y magistrados no equivale a un pronunciamiento sobre la validez o ilegalidad de la reforma en cuestión. En consecuencia, el tema será asignado a uno de estos ministros para que prepare un proyecto de resolución.
Sin embargo, no todas las voces están de acuerdo. Las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres expresaron su oposición al proyecto. Batres, en particular, argumentó que la decisión de la Corte de abordar este asunto podría ser vista como un golpe de Estado, ya que considera que actúa de manera autoritaria al menospreciar a otros poderes del Estado, incluido el poder reformador, que, según ella, tiene un mandato directo del pueblo. Esta situación destaca un ambiente tenso y polarizado en la SCJN y plantea interrogantes sobre el futuro de la reforma judicial en el país.