El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado un encausamiento judicial que involucra a 34 personas, entre ellas dos mexicanos y 32 ciudadanos estadounidenses, en relación con la financiación y apoyo al Cártel de Sinaloa, el cual ha sido designado como una organización terrorista. El caso se ha registrado en la Corte Federal de la capital de Estados Unidos, acusando a estas personas de ser "miembros de alto rango" del cártel y de estar involucradas en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
La Procuradora General, Pam Bondi, señaló que el Cártel de Sinaloa utiliza el tráfico de drogas como medio para financiar sus actividades terroristas, perjudicando así a las comunidades estadounidenses. Bondi destacó que estas acciones corresponden a los esfuerzos del gobierno bajo la administración de Donald Trump para desmantelar y destruir cárteles de droga, considerándolos una amenaza significativa para la seguridad y bienestar público.