Griselda Martínez Martínez, exalcaldesa de Manzanillo, y varios exintegrantes de su gabinete fueron vinculados a proceso por la autorización de un bono de subsistencia equivalente a tres meses de sueldo para cerca de 200 trabajadores de confianza al final de su administración, lo que suma aproximadamente 25.5 millones de pesos. La jueza de control encontró elementos suficientes para procesarlos por delitos relacionados con peculado y violaciones a la Ley de Remuneraciones.
Entre los vinculados están Héctor Ramírez (exoficial mayor), Eduardo Camarena (extesorero), y varios regidores, incluidas dos actuales regidoras, quienes fueron separadas temporalmente de su cargo mientras avanza el proceso judicial. La decisión ha generado reacciones políticas, especialmente por el papel de Griselda Martínez como crítica de la actual administración estatal y municipal, provocando acusaciones de acoso político por parte de la gobernadora y la presidenta municipal. El excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, denunció que las autoridades están utilizando el sistema judicial para hostigar a sus oponentes políticos.