La exigencia de justicia por parte de viudas, sobrevivientes y organizaciones sociales pone de manifiesto la impunidad que persiste en México en casos de violaciones a derechos humanos. En el contexto de la masacre de El Charco, ocurrida hace 27 años, la demanda por castigo a los perpetradores, incluidos altos mandos militares y funcionarios de gobierno, subraya la falta de accountability en el país.
Los eventos conmemorativos, como el mitin y la marcha encabezados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el obispo emérito Raúl Vera López, destacan no solo la memoria de las víctimas, sino también la necesidad de visibilizar la realidad que enfrenta la comunidad de Ayutla de los Libres, que sigue sumida en la pobreza y el olvido. Las acciones de las autoridades, que en vez de investigar a los responsables han perseguido y criminalizado a los sobrevivientes, reflejan un patrón preocupante de estigmatización y violencia institucional.
Este tipo de reclamos es crucial para fomentar un ambiente de justicia y protección de los derechos humanos en México, donde muchas familias aún sufren las consecuencias de la violencia sistemática y la falta de respuesta adecuada por parte del Estado. Las demandas actuales no solo buscan justicia por los sucesos pasados, sino también el reconocimiento y mejora de las condiciones de vida de las comunidades afectadas.