Organizaciones civiles han denunciado la falta de un plan claro para cumplir con las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras su sentencia en el caso de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, quien fue víctima de agresiones sexuales por parte del Ejército mexicano en 2007, lo que llevó a su muerte a raíz de la falta de atención médica. A pesar de que la resolución fue notificada en diciembre de 2025, dos meses después no hay un documento oficial que detalle acciones concretas y plazos para asegurar la justicia y reparación integral para Ascencio y su familia. La única acción mencionada ha sido la posible atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República, lo cual consideran insuficiente frente a las responsabilidades impuestas por el tribunal internacional. La Corte halló responsabilidad del Estado mexicano por violaciones de derechos humanos y discriminación, lo que ha agravado la situación y la impunidad que rodea este caso.