La preocupación expresada por los relatores especiales de la ONU respecto a la reforma legislativa en México que busca trasladar el control total de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) resalta una serie de implicaciones graves para los derechos humanos en el país. Desde 1999, estas entidades han advertido sobre el creciente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y cómo esto podría llevar a un aumento en los abusos, como tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Los expertos subrayan que esta reforma, de ser aprobada, implicaría una asignación permanente de funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, lo cual contradice estándares internacionales de derechos humanos. En su comunicado, enfatizan la necesidad de investigar las alegaciones de violaciones a derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas armadas y que los responsables sean llevados ante la justicia, indicando que cualquier medida de seguridad debe estar alineada con las obligaciones internacionales en esta materia.
Además, el pronunciamiento destaca el riesgo de que la reforma coloque a los integrantes de la Guardia Nacional bajo la jurisdicción militar y extienda las funciones de las Fuerzas Armadas más allá de su ámbito tradicional, invadiendo competencias civiles y aumentando la posibilidad de violaciones de derechos humanos. En resumen, los expertos de la ONU hacen un llamado a que las labores de seguridad pública sean llevadas a cabo por fuerzas civiles y que la participación militar se limite a situaciones excepcionales y siempre bajo supervisión civil.