La eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha sido un tema de gran controversia en México, especialmente en el contexto del primer año de gobierno de la actual administración. Según el Primer Informe de Gobierno, esta medida se presentó como un esfuerzo por construir un gobierno más sensible y cercano a la ciudadanía, con el fin de fortalecer la democracia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en los asuntos públicos.
El 20 de diciembre se formalizó la eliminación del INAI mediante un decreto que modificó la Constitución, transfiriendo sus funciones a un nuevo órgano que fue creado en marzo. Este nuevo organismo, que opera como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, carece de la autonomía que tenía el INAI. Se estableció, además, un Reglamento Interior de Transparencia para el Pueblo para regular su funcionamiento.
Sin embargo, la decisión de extinguir el INAI ha generado una fuerte reacción por parte de organizaciones de la sociedad civil, académicos, especialistas y políticos de la oposición. Estas voces críticas argumentan que tal acción compromete los avances en el derecho al acceso a la información y en la protección de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos personales). La preocupación radica en que al centralizar estas funciones en el gobierno, se corre el riesgo de debilitar la transparencia y la rendición de cuentas, pilares fundamentales de una democracia saludable.