La situación en Coahuila refleja tensiones entre la Fiscalía General del Estado y los colectivos de familias de personas desaparecidas. A pesar de que la reforma a la Ley Orgánica de la dependencia había sido elaborada durante casi dos años con la participación activa de estas familias y financiada mediante expertos consultores, el nuevo proyecto presentado por el fiscal Federico Fernández Montañez ha sido modificado sin considerar el trabajo previo, lo que ha generado desacuerdos y descontento entre los colectivos.
Grace Mahogany Fernández Morán, representante del colectivo Búscame, subraya que su grupo necesita más tiempo para revisar el nuevo proyecto, que es sustancialmente diferente al original que trabajó con el ex fiscal Gerardo Márquez Guevara. La intención inicial era que la propuesta se presentara durante el periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo que comenzó en septiembre, pero tras la discrepancia en la versión del proyecto, se tomaron semanas adicionales para entender y posiblemente integrar las observaciones y modificaciones que las familias consideran esenciales.
Específicamente, las familias quieren asegurarse de que se asignen los recursos necesarios para implementar las reformas propuestas y que su voz sea escuchada en el proceso. A medida que se acerca el aniversario del nuevo fiscal, el tiempo corre y la necesidad de avanzar en estas reformas es palpable, dado que también está relacionado con otros procesos de procuración de justicia que afectan a los ciudadanos de Coahuila. La situación es un reflejo de las complicadas dinámicas que a menudo existen entre las autoridades y las comunidades afectadas por la violencia y la impunidad.