El asesinato de la periodista Patricia Ramírez González, conocida como Paty Bunbury, ha suscitado preocupación y controversia, sobre todo en relación con las líneas de investigación que maneja la Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima. Según la FGE, las investigaciones apuntan a vínculos con el narcotráfico en el entorno personal de la víctima, específicamente a través de su hermana, quien fue detenida anteriormente por posesión de drogas y armas.
La FGE ha aclarado que no hay evidencia que conecte la actividad como reportera de espectáculos de Ramírez González con su asesinato. Sin embargo, la revelación de las conexiones familiares y actividades delictivas ha generado críticas, incluyendo la opinión de Juan Ramón Negrete Jiménez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex), quien considera que esta estrategia puede estar intentando desviar la atención de la investigación y evadir responsabilidades.
A esto se suma el contexto del hallazgo de drogas en el negocio de comida propiedad de la periodista, lo que complica aún más el caso y plantea preocupaciones sobre la seguridad de los periodistas en México, donde muchos enfrentan amenazas y violencia en el ejercicio de su labor. La situación subraya la necesidad de un análisis cuidadoso y un enfoque centrado en la resolución del caso, más allá de las implicaciones familiares o conexiones personales.