La situación de la familia Lozada es un ejemplo impactante de abuso de poder y vulneración de derechos. Tras un operativo policial que se llevó a cabo el 9 de julio de 2024, la familia fue despojada de su hogar en la alcaldía Venustiano Carranza bajo la justificación de una orden de cateo relacionada con un supuesto robo de vehículos, un delito que nunca cometieron. Este operativo, que involucró a un gran número de agentes y vehículos, resultó en el desalojo forzado y la demolición de su vivienda, así como en el sufrimiento emocional y económico de sus miembros.
Guadalupe Ramírez Valdés, la madre, expresó el impacto devastador que esto ha tenido en sus vidas. Además de perder su hogar y pertenencias, Guadalupe enfrentó consecuencias legales injustas, incluyendo antecedentes penales por un delito que no cometió. La historia destaca la lucha de la familia, que durante un año y medio había estado expuesta a hostigamientos y amenazas con el fin de ser forzados a abandonar la vivienda que ha sido parte de su familia por generaciones.
A pesar de sus intentos de buscar justicia mediante denuncias, las autoridades no respondieron adecuadamente, y el operativo culminó en un desalojo violento que destruyó su vida. La narrativa no solo pone de relieve la dura realidad de muchas familias que enfrentan desalojo y criminalización, sino también la ineficacia de las instituciones legales para proteger a los ciudadanos vulnerables. En este caso, la falta de atención a sus denuncias y la respuesta desproporcionada del estado reflejan un patrón preocupante que requiere atención y acciones correctivas.