El reciente desalojo de la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul en Jasso, Hidalgo, por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ha generado una situación tensa y violenta. La acción fue ordenada por un juez y se llevó a cabo con refuerzos de diversas fuerzas de seguridad, incluido la Guardia Nacional. Los habitantes locales han denunciado disparos y posibles lesiones, así como posibles decesos, aunque las autoridades no han confirmado esta información ni han dado detalles sobre el operativo.
Los cooperativistas que ocupaban la planta argumentan que la entrada de las fuerzas de seguridad fue ilegal, citando amparos que supuestamente lo impedían, además de mencionar la violencia ejercida por los operadores del desalojo. La planta ha estado inactiva desde agosto de 2022 debido a un corte de energía eléctrica, lo que ha llevado a una parálisis en su producción, que previamente era de 12 mil toneladas diarias de cemento.
Esta situación se enmarca dentro de un contexto histórico de disputas y conflictos en torno a la planta, que ha visto intentos de toma y enfrentamientos violentos en el pasado. La fuga de información sobre el estado de las personas detenidas y las denuncias de violencia plantean serias preocupaciones sobre el manejo de la situación por parte de las autoridades.