La situación en Jalisco respecto a la desaparición de adolescentes es alarmante y dolorosa para las familias involucradas. Recientemente, se dio a conocer que varias madres de jóvenes desaparecidos denunciaron que la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas está intentando desvincularse de la investigación, sugiriendo que sus hijos habrían sido reclutados por narcotraficantes y llevados a campamentos en otros estados como Zacatecas, Michoacán y Nayarit.
Una de las madres, Martha Leticia Bonilla, relató que su hijo, David Emiliano, de 14 años, fue presuntamente visto en la sierra de Nayarit por otro adolescente que había sido rescatado de un grupo criminal. Este joven afirmó que ambos eran obligados a manejar vehículos y abastecer armas. Bonilla destacó que su hijo no se unió voluntariamente a estos grupos y mencionó que ha recibido amenazas relacionadas con la seguridad de su familia.
Maricela Anaya, madre de otro adolescente desaparecido, Jeremy Alejandro, expresó su frustración ante la decisión de la Vicefiscalía de investigar en Zacatecas, argumentando que la desaparición ocurrió en Jalisco y que las autoridades locales tienen la responsabilidad de dar seguimiento al caso.
Además, Carolina Vázquez, cuya búsqueda de su hijo Giovanny ha sido complicada por largos retrasos en la judicialización de su caso, reveló que la Fiscalía le notificó que restos óseos encontrados pertenecían a su otro hijo desaparecido. Vázquez cuestiona la veracidad del proceso y anunció que impugnará el dictamen de identificación genética.
Las familias hacen un llamado desesperado al Gobierno federal para que intervenga y coordine esfuerzos con las fiscalías de los otros estados involucrados para intentar localizar y rescatar a los adolescentes desaparecidos. La situación refleja un problema grave y complejo de seguridad pública y derechos humanos en la región.