La situación política en Sinaloa ha generado preocupaciones significativas debido a las acusaciones de vínculos entre funcionarios del gobierno estatal y grupos criminales, específicamente Los Chapitos. Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018, se ha observado un movimiento creciente de este grupo hacia el control del entramado económico, político y de seguridad de la entidad.
El gobernador actual, Rubén Rocha Moya, y su exsecretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, quien ahora es senador por el partido Morena, han sido señalados como actores clave en este proceso de acaparamiento de poder. La estrategia de Inzunza incluyó la eliminación de obstáculos políticos, ya que logró desaforar a varios exalcaldes morenistas, llevando a cabo juicios políticos en su contra.
Inzunza, quien previamente se desempeñó como presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Sinaloa, ha jugado un papel central en la consolidación del poder del tándem Rocha-Inzunza. Desde su incorporación al gobierno de Rocha, se reforzaron las operaciones políticas detrás de una estrategia diseñada para posicionar a Inzunza como un potencial sucesor en la gobernatura en 2027.
Es relevante mencionar que existen acusaciones sobre acciones orquestadas por Inzunza contra críticos, en particular periodistas y funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), lo que refleja un entorno tenso marcado por la lucha por el control no solo político, sino también informativo en la región.