La situación descrita en tu mensaje resalta las preocupaciones sobre los métodos de control y regulación por parte del gobierno del estado de Coahuila en México, especialmente en relación con la Administración General de Comercio Exterior. La creación de esta nueva dependencia, según el informe, parece centrarse en la regulación y el control del ingreso de mercancías y vehículos extranjeros a través de puentes internacionales.
Los testimonios de ciudadanos, como el de Giselle y el hombre que se vio obligado a regresar a Estados Unidos, evidencian un clima de temor y confusión sobre los procedimientos que se están implementando. Las denuncias sobre la falta de información clara, la confiscación de vehículos y la supuesta exigencia de sobornos elevan serias preocupaciones sobre la legalidad y la transparencia de estas acciones.
La modificación del reglamento interno de la Administración Fiscal General para dar más autoridad a la Administración General de Comercio Exterior sugiere un enfoque más agresivo hacia la regulación del comercio exterior. Sin embargo, la implementación de estas normas y su comunicación a los ciudadanos parecen ser deficientes, lo que podría generar problemas legales y sociales.
Estas nuevas medidas, junto con la falta de una respuesta clara de las autoridades como la Fiscalía General del Estado y la Aduana, contribuyen a la desconfianza pública y a la percepción de que estos operativos pueden estar más enfocados en la recaudación de dinero que en la legalidad y la protección de los derechos de los ciudadanos. Este tipo de situaciones son preocupantes y merecen un análisis más profundo para entender las implicaciones para la ciudadanía y el comercio local.