1. Ampliar la definición del delito de despojo para incluir nuevas conductas que actualmente no están tipificadas. 2. Incrementar las penas para el delito de despojo, estableciendo que las sanciones varíen entre 11 y 22 años de prisión, y eliminando el derecho a fianza para los acusados. 3. Incluir agravantes cuando el despojo sea llevado a cabo o facilitado por servidores públicos, notarios, corredores o autoridades auxiliares, lo que reflejaría un abuso de poder y una traición a la confianza pública. 4. Aumentar las penas para aquellos que cometan el delito de despojo en áreas de conservación ecológica o que tengan valor histórico y patrimonial, reconociendo la importancia de proteger estos espacios.
Brugada y Alcalde Luján resaltaron que la reforma es parte de un esfuerzo por proteger los bienes de los ciudadanos y garantizar la justicia ante el creciente problema del despojo en la ciudad. Además, enfatizaron la importancia de la colaboración entre el gabinete y la Fiscalía para realizar un análisis exhaustivo que conduzca a la implementación de estas reformas necesarias. La propuesta será llevada al Congreso de la Ciudad de México para su discusión y aprobación.