El artículo detalla la controversia en torno al proyecto de Royal Caribbean para construir un parque acuático en Mahahual, Quintana Roo, que ha suscitado preocupaciones ambientales y legales. Desde noviembre hasta diciembre, la empresa obtuvo aprobación para un cambio de uso de suelo en un área de gran sensibilidad ecológica, a pesar de denuncias sobre la falta de consulta pública con la comunidad local, como lo requiere la normativa en materia ambiental y de urbanismo.
El proyecto, que implica una inversión significativa de más de 260 millones de dólares, fue presentado ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sin embargo, no cuenta aún con la autorización de impacto ambiental necesaria. A pesar de esto, se han llevado a cabo trabajos en el sitio que fueron clausurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Recientemente, una juez federal emitió una suspensión que detiene la entrega de permisos a Royal Caribbean, debido a amparos interpuestos por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS). Sin embargo, las autoridades locales han apelado esta decisión, lo que refleja la tensión entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente en la región.