El Protocolo de Actuación Policial para Manifestaciones publicado por el gobierno de Morelos ha generado preocupaciones significativas entre activistas y defensores de derechos humanos. La ambigüedad en la redacción de algunos de sus artículos, como el uso de términos como "hechos con apariencia de delito", puede llevar a abusos y a una interpretación arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad. Esto podría resultar en detenciones injustificadas y en la criminalización de la protesta pacífica, lo que va en contra de principios fundamentales de la democracia y la libertad de expresión.
Además, la autorización del uso de la fuerza con extintores, bajo la justificación de controlar "acciones violentas", plantea riesgos adicionales para la integridad física de los manifestantes, en particular de aquellos que pertenecen a grupos más vulnerables. Este enfoque revela una preocupación más por el control de las manifestaciones que por la protección de los derechos de quienes participan en ellas.
La publicación del protocolo en un contexto de creciente movilización social, especialmente en fechas críticas como el 8 de marzo, parece estar diseñada para disuadir la participación ciudadana mediante el miedo, lo que es alarmante. Los críticos sostienen que este tipo de regulaciones pueden tener un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión y el derecho a la protesta, derechos que son esenciales en una sociedad democrática.