El artículo reporta sobre la situación de desapariciones en Oaxaca, México, bajo el gobierno de Salomón Jara Cruz. Aunque el gobierno afirma tener mecanismos exitosos para la localización de personas desaparecidas en el estado, el caso de defensoras de derechos humanos como Claudia Uruchurtu Cruz, Irma Galindo Barrios y Sandra Domínguez Martínez, quienes han sido desaparecidas en los últimos años, pone en duda estas declaraciones.
Jesús Romero López, secretario de Gobierno, destacó que Oaxaca tiene una de las tasas más bajas de personas desaparecidas por cada 100,000 habitantes, según la Comisión Nacional de Búsqueda. Sin embargo, el artículo resalta que esta cifra es engañosa, ya que no se consideran las desaparecidas que han sido activistas y defensoras de derechos humanos.
El gobierno también señala que hay un alto porcentaje de localización de personas desaparecidas en Oaxaca (83%), colocándolo entre los estados más destacados de México en este aspecto. A pesar de esto, la violencia de género sigue siendo un problema grave, con 210 casos de mujeres asesinadas reportados desde que Jara Cruz asumió la gubernatura.
El texto enfatiza la contradicción entre las estadísticas del gobierno y la realidad de las activistas desaparecidas, sugiriendo una falta de efectividad y compromiso en la protección de los derechos humanos y la seguridad de quienes denuncian la corrupción y la violencia en la región.