El gobierno de Estados Unidos, durante la administración de Donald Trump, accedió a las solicitudes de 14 ciudadanos mexicanos encarcelados por delitos relacionados con drogas y armas, permitiendo su transferencia a México para completar sus condenas. Esta acción se llevó a cabo bajo el tratado bilateral de transferencia de prisioneros. Según el Departamento de Justicia, estos reclusos, quienes estaban cumpliendo sentencias federales por distribución de drogas y posesión ilegal de armas, solicitaron ser trasladados a su país de origen. La aprobación del traslado fue confirmada y los prisioneros fueron transferidos el 5 de diciembre, donde continuarán sus condenas en México.