El gobierno federal de México tiene planes para reformar la Ley de Aguas Nacionales y avanzar hacia una Ley General de Aguas, con el objetivo de regularizar las concesiones de agua y prevenir su venta entre particulares. La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado que es crucial dejar de considerar el agua como una mercancía y que el Estado asuma el control de las concesiones para garantizar el suministro a la ciudadanía.
Uno de los principales enfoques de esta iniciativa es la implementación de sanciones más severas para quienes roban agua o no reportan cambios en el uso de las concesiones. Se busca erradicar el mercado negro relacionado con el agua y devolver al dominio de la nación el agua que no se utiliza, permitiendo así que el Estado decida sobre la viabilidad de conceder derechos de agua.
Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mencionó que están considerando la inclusión de un capítulo de delitos hídricos para que las sanciones sean más efectivas y logren disuadir comportamientos indebidos. Las sanciones actuales, que a veces solo implican el pago de multas, no han sido suficientes para prevenir abusos en la extracción de agua con fines comerciales.
El gobierno busca aumentar las sanciones, lo cual podría incluir la extinción de dominio en casos de reincidencia en violaciones relacionadas con el uso y la concesión de agua.