La desaparición y asesinato de los miembros de la banda musical Grupo Fugitivo ha desatado una serie de declaraciones y acusaciones en torno a la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Los familiares de cuatro de los detenidos han denunciado que estos fueron privados de la libertad de manera injusta y que no tienen relación con los hechos delictivos.
El suceso que involucra a los integrantes del Grupo Fugitivo comenzó el 25 de mayo, cuando desaparecieron en Reynosa después de un espectáculo. Su ausencia generó preocupación, y tras iniciar su búsqueda, el 28 de mayo se reportó el hallazgo de cinco cuerpos calcinados en un predio. El siguiente día, la Fiscalía confirmó que los restos pertenecían a los músicos, quienes estaban identificados como parte del grupo: Francisco Javier Vázquez Osorio, Víctor Manuel Garza Cervantes, Nemesio Antonio Durán Rodríguez, José Francisco Morales Martínez y Livan Edyberto Solís de la Rosa.
En respuesta a estos hechos, la Fiscalía realizó múltiples detenciones, inicialmente anunciando la captura de nueve personas sospechosas de estar involucradas con la célula delictiva de “Los Metros” del Cártel del Golfo. Con el tiempo, el número de detenidos ascendió a doce, incluyendo a individuos considerados de alto perfil dentro de la organización criminal. Sin embargo, esta serie de arrestos ha suscitado críticas, ya que tanto los familiares de las víctimas como organizaciones de derechos humanos han señalado irregularidades en el proceso de detención y acusaciones de que no todas las personas detenidas tienen relación con el caso.
Este caso pone de relieve las tensiones en la respuesta de las autoridades frente a la violencia organizada en la región y los retos en términos de justicia y derechos humanos.