El reciente desplazamiento forzado de 668 personas en el municipio de Apatzingán, Michoacán, refleja un agravamiento de la violencia provocada por la lucha entre grupos delictivos por el control del territorio. Este evento, que ocurrió el 5 de mayo, fue reportado por el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA), y subraya la falta de acción efectiva por parte de las autoridades locales, a pesar de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, lanzado en noviembre de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El desplazamiento se produjo tras la retirada de una Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) en Acatlán, lo que inmediatamente desencadenó confrontaciones entre los grupos delictivos que operan en la región. Las comunidades más afectadas incluyen Cueramato, Guanajuatillo, El Mezquital Holanda y Los Laureles, aunque se han identificado también riesgos en otras localidades como Acatlán y La Damiana.
La organización OSHRA ha denunciado que la situación en Michoacán es producto de una estrategia de seguridad fallida que ha resultado en el desplazamiento forzado de miles de personas, quienes buscan refugio dentro y fuera del estado. A pesar de la identificación de objetivos prioritarios en la lucha contra el crimen, como la reciente detención de un líder criminal, las condiciones de seguridad siguen siendo precarias en los municipios de Apatzingán y Aguililla. Esta crisis humanitaria pone de manifiesto la necesidad urgente de una respuesta más eficaz por parte del gobierno local.