Este artículo informa sobre la controversia en torno al hallazgo de "59 explosivos" en un camión que transportaba a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y cómo este descubrimiento ha sido interpretado por Isidoro Vicario Aguilar, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Según Aguilar, el gobierno federal podría estar intentando deslegitimar la lucha de las familias al hacer tales declaraciones sobre el hallazgo.
El abogado condena la retención de los manifestantes en la caseta de Tlalpan, lo que retrasó sus actividades en la capital como parte de la conmemoración de la desaparición de los estudiantes. Critica que las autoridades, al afirmar que encontraron explosivos, buscan justificar una presencia policiaca y obstaculizar las movilizaciones, especialmente en un momento clave debido al próximo Mundial de fútbol.
Aguilar también rechaza la acusación de que los padres y estudiantes estuvieran transportando explosivos, afirmando que su objetivo es llevar a cabo manifestaciones pacíficas y que los padres no vieron dichos artefactos en el camión. Insiste en que el principal interés de los padres es que se avancen las investigaciones sobre la desaparición de sus hijos y que se les brinde información clara sobre el paradero de los estudiantes.