En un contexto de tensión judicial, jueces federales en México han informado que hay alrededor de 1,500 amparos en curso en contra de la reforma judicial, de los cuales cerca de 500 han conseguido suspensiones provisionales que bloquean el avance del proceso electoral para nombrar a nuevos funcionarios judiciales. Durante una conferencia matutina del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Edna Lorena Hernández Granados destacó que dichas suspensiones permanecerán en efecto hasta que se tome una decisión sobre la constitucionalidad de la reforma. En caso de que esta sea declarada inconstitucional, las acciones vinculadas al proceso electoral de 2025 serían consideradas nulas.
La magistrada García González advirtió sobre las implicaciones del desacato por parte de las autoridades a estas suspensiones, sugiriendo que podría llevar a una crisis mayor, puesto que ello podría erosionar la confianza en el cumplimiento de la ley y las decisiones del poder judicial. Ambas magistradas hicieron énfasis en la necesidad de respetar el estado de derecho y las resoluciones judiciales, resaltando que la falta de cumplimiento podría tener consecuencias graves para la sociedad.