La situación en Oaxaca, en relación a la desaparición de Claudia Uruchurtu Cruz, pone de manifiesto preocupaciones significativas sobre la impunidad y la corrupción dentro del sistema judicial y político del estado. A pesar de los anuncios del gobernador Salomón Jara Cruz sobre la implementación de brigadas para la localización de personas desaparecidas, las decisiones judiciales recientes han Minado la confianza en la justicia, especialmente para las familias de las víctimas.
Claudia Uruchurtu Cruz, quien había denunciado irregularidades en la administración de la expresidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta, fue víctima de desaparición forzada en un contexto donde las denuncias contra funcionarios públicos parecen no tener consecuencias. La liberación de Huerta y su consejero jurídico, Jhoan Ricardo Matus Marcial, resalta una red de complicidades que perpetúan la impunidad, sobre todo si se considera que Huerta es una figura cercana al gobernador.
Las declaraciones de las hermanas de Claudia indican una lucha prolongada y frustrante por justicia, planteando que el sistema judicial no sólo falla en ofrecer reparaciones, sino que parece estar al servicio de los poderosos. Este caso no solo simboliza el sufrimiento de una familia, sino también una crítica hacia un sistema que, en lugar de proteger a los ciudadanos y garantizar sus derechos, parece capitular ante los intereses de quienes están en el poder.
Es evidente que se requiere un cambio profundo en las estructuras de poder y justicia en Oaxaca y en México en general, donde la corrupción y la falta de accountability continúan afectando a los más vulnerables. Este caso es una llamada de atención sobre la necesidad de reforzar la justicia, la transparencia y la protección de los derechos humanos.