El artículo destaca la creciente preocupación de Estados Unidos respecto a la infiltración del crimen organizado en las elecciones del Poder Judicial en México. Esta preocupación ha alcanzado tal nivel que se ha convertido en un punto clave dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Organizaciones civiles y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han confirmado que la presencia de candidatos vinculados a cárteles en estos procesos electorales está generando señales de alarma en los sectores público y privado estadounidense, lo que podría impactar el atractivo de México como destino de inversión.
Juan José Sierra Álvarez, presidente de Coparmex, mencionó que la situación actual del sistema judicial mexicano está provocando que las empresas reconsideren sus decisiones de inversión en el país. Hay un creciente informe sobre candidatos al Poder Judicial con antecedentes criminales, con al menos 18 aspirantes identificados con vínculos directos a redes criminales, entre ellos figuras notorias como la abogada del Chapo y otros individuos acusados de delitos graves.
Esta situación no solo afecta la percepción de la seguridad en México, sino que también tiene implicaciones económicas al influir en la confianza de los inversionistas.