El artículo detalla la propuesta presentada por César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, que busca reformar el Código Penal local en relación a la extorsión. Esta iniciativa, impulsada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, tiene como objetivo alinear la legislación local con la normativa federal y propone la creación de un nuevo delito: el "hostigamiento coercitivo".
La reforma implica derogar un artículo previamente aprobado en diciembre de 2024 y eliminar el esquema de incremento de penas y agravantes en delitos de extorsión, argumentando que la legislación actual limita la capacidad de las autoridades para actuar en casos donde no se produce un beneficio tangible. Así, la propuesta prevé que el delito de extorsión siga los criterios federales, que requieren que haya un resultado material, y añade la nueva figura del hostigamiento coercitivo, que busca sancionar acciones que amenacen o presionen a las personas sin que se consuma la extorsión propiamente dicha.
Las penas para el hostigamiento coercitivo podrían oscilar entre tres y siete años de prisión y multas que van de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). Esta medida pretende abarcar situaciones intimidatorias que, aunque no se materialicen en un daño concreto, aún afectan la seguridad y tranquilidad de las personas. La iniciativa ahora se turnará a comisiones para su análisis y discusión.