Un juez federal en Puebla otorgó un amparo a la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, impidiendo la aplicación de una reforma al Código Penal local que introdujo el delito de ciberasedio. La organización argumentó que la redacción del nuevo delito es vaga y permite arbitrariedad, lo que puede restringir la libertad de expresión y el intercambio de ideas.
La reforma, publicada el 11 de julio de 2025, describe el ciberasedio como el uso de tecnologías de información para realizar actos de vigilancia, hostigamiento, intimidación u ofensa a otros. Sin embargo, el juez Cuauhtémoc Escobar González criticó la falta de claridad en la norma, señalando que los legisladores deben especificar las conductas que se consideran ciberasedio para evitar arbitrariedades en su aplicación.
El fallo también destacó que, dado que el ciberasedio se define como un acto doloso, el tipo penal debe incluir claramente el elemento de dolo, algo que no se establece en la norma actual. Esto podría permitir que cualquier individuo sea sometido a una investigación sin fundamentos claros, inhibiendo así el derecho a la libertad de expresión y el flujo de información.