En Oaxaca, a pesar de que el Poder Judicial de la Federación (PJF) otorgó un amparo para proteger los ríos Salado y Atoyac, el juez del distrito ha rechazado realizar una inspección para verificar el cumplimiento de la sentencia que ordena su rescate. Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico Indígena, había solicitado al juez Emanuel Hernández Alva que inspeccionara los ríos Atoyac y Salado para verificar los avances en sus trabajos de saneamiento, los cuales el gobierno estatal afirma que ya están en marcha.
La sentencia en cuestión, emitida en 2016 por la entonces jueza Elizabeth Franco Cervantes, ordena acciones concretas para el rescate ambiental de estos ríos, que han estado contaminados por años. Sin embargo, el juez se negó a llevar a cabo una inspección y también a realizar reuniones con las autoridades responsables, argumentando que no está contemplado en la Ley de Amparo. Morales Sánchez critica esta decisión, señalando que ignora el principio de participación ciudadana del Acuerdo de Escazú, que exige que el Estado garantice la participación pública en asuntos ambientales. Además, enfatiza que, tras ocho años desde la sentencia, no hay resultados concretos que demuestren el saneamiento de los ríos. La falta de acción del juez ha permitido que el cumplimiento de la sentencia se prolongue sin avances significativos.