El juez Enrique Beltrán Santés, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, aclaró que Víctor Garcés Rojo, exdirector jurídico de la cooperativa Cruz Azul, no fue liberado, sino que se le impuso prisión domiciliaria con el uso de un brazalete electrónico. En una conferencia del Poder Judicial de la Federación, el juez mencionó que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró presentar pruebas contundentes del riesgo de fuga de Garcés, quien nunca ha sido acusado de delincuencia organizada ni de lavado de 114 millones de pesos.
Garcés, de 83 años y con problemas de salud, demostró haber residido durante más de 40 años en su domicilio en la Ciudad de México, lo cual contribuyó a establecer su arraigo domiciliario. El juez destacó que la defensa abordó adecuadamente varios aspectos relevantes, mientras que la FGR, según su evaluación, no lo hizo de manera efectiva.
Aunque el juez decidió que Garcés permanecería privado de libertad, lo hizo en su hogar y le impuso varias medidas: la colocación del brazalete, el pago de una garantía económica de 2.5 millones de pesos, la prohibición de acercarse a testigos y coimputados, así como salir del país. La defensa refutó las alegaciones de la FGR sobre otros domicilios atribuibles a Garcés, indicando que estos pertenecían a su exesposa y a sus hijas.