El juez federal Sergio Santamaría Chamú ha expresado su desacuerdo con la decisión del Segundo Tribunal Colegiado, que revocó su anterior autorización para que la agrupación musical Los Alegres del Barranco pudiera interpretar narcocorridos en Michoacán. Santamaría argumentó que su fallo inicial tenía como finalidad proteger el derecho a la libre expresión, sin embargo, el tribunal consideró que su decisión contravenía disposiciones de orden público, ya que podría fomentar la apología del delito según lo estipulado en el artículo 208 del Código Penal Federal. Este artículo sanciona la promoción de acciones delictivas.
El tribunal señaló que las letras de los corridos en cuestión abordan temas relacionados con el narcotráfico y los grupos criminales. En respuesta, el juez Santamaría exigió que, para considerar que un corrido está haciendo apología del delito, es necesario analizar específicamente su contenido para determinar si realmente se elogia o promueve conductas delictivas. Criticó al tribunal por utilizar términos vagos y generales y no establecer de manera concreta qué delito se estaría celebrando a través de la música, lo que resta validez a su argumento. Esta situación pone de relieve el delicado balance entre la libertad de expresión y la necesidad de prevenir la glorificación de la delincuencia en la música popular.