La situación plantea preocupaciones serias sobre la protección de las víctimas de violencia en el sistema judicial de Oaxaca. La jueza Elizabeth Contreras Hernández ha tomado decisiones que han suscitado críticas, especialmente tras permitir la liberación de individuos acusados de delitos graves como violencia de género y abuso sexual. A pesar de las evidencias presentadas en las carpetas de investigación, su argumentación de que no representan un riesgo para la sociedad ha sido controversial y ha generado alarma entre familiares de las víctimas.
Este comportamiento podría inducir un efecto aterrador en quienes han denunciado a sus agresores, ya que se sienten vulnerables y expuestos tras la decisión de la jueza. Además, el contraste entre sus discursos sobre la equidad de género y sus decisiones en el juzgado resalta una contradicción que afecta la confianza de la comunidad en el sistema judicial.
La liberación de estos acusados no solo pone en peligro a las víctimas directas, sino que también plantea preguntas sobre la efectividad y la sensibilidad del sistema judicial ante los problemas de violencia de género. Las decisiones de la jueza podrían ser vistas como una falta de consideración por la seguridad y el bienestar de las víctimas, lo que a su vez puede disuadir a otras personas de buscar justicia por miedo a consecuencias similares.
Es fundamental que las autoridades revisen estas situaciones para garantizar una protección real a las víctimas de violencia y asegurar que el sistema judicial actúe de manera que priorice su seguridad y derechos.