La jueza federal Alejandra Domínguez Santos, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, ha decidido no vincular a proceso a Judith Aracely Gómez Molano, exoficial mayor de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), en relación con la compra del software de espionaje Pegasus, que costó más de 460 millones de pesos.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Gómez Molano de varios delitos, incluidos el uso indebido de atribuciones, peculado, fraude y asociación delictuosa, argumentando que la compra se realizó sin demostrar su necesidad, causando un daño al erario. Sin embargo, la jueza determinó que la adquisición de Pegasus estaba relacionada con actividades sustantivas y no se consideró indebida.
En consecuencia, la FGR no solo ha decidido apelar la decisión de la jueza, sino que también ha iniciado una investigación en su contra por delitos relacionados con la administración de justicia. La controversia en torno a este caso refleja la tensión entre las autoridades judiciales y el ministerio público en México, especialmente en temas sensibles como el espionaje y la transparencia en el uso de recursos públicos.