La situación que enfrenta el periodista Jorge Luis González Valdez y el medio de comunicación "Tribuna" en Campeche plantea serias preocupaciones sobre la libertad de expresión y la autonomía del periodismo en la región. La imposición de medidas cautelares por la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May, que requieren la supervisión del trabajo del periodista por un censor designado por el Tribunal Superior de Justicia, representa un intento de control sobre las voces críticas, especialmente en relación con la gobernadora Layda Sansores San Román.
Estas restricciones no solo limitan la capacidad de González para expresar sus opiniones y realizar su trabajo, sino que también afectan directamente la operación de "Tribuna", al requerir que cualquier contenido sea previamente autorizado. Esta situación contradice decisiones anteriores de jueces federales que habían suspendido estas mismas restricciones, lo que sugiere un conflicto entre instancias judiciales.
Las declaraciones de González subrayan el impacto de estas medidas en su libertad de expresión, indicando que está impedido de participar en entrevistas, conferencias o cualquier forma de comunicación sin el visto bueno del censor. Además, la obligación de cancelar su programa en redes sociales si no se obtiene la autorización establece un precedente peligroso para otros periodistas que puedan enfrentar restricciones similares en su labor informativa.
El caso resalta un entorno crítico para el ejercicio periodístico en México, donde las amenazas a la libertad de prensa y las medidas de censura continúan siendo un tema de debate y preocupación tanto a nivel nacional como internacional.