El caso del periodista Jorge Luis González Valdez y el medio de comunicación "Tribuna" pone de manifiesto una grave situación relacionada con la libertad de expresión en Campeche, México. La medida cautelar impuesta por la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May, que obliga a tener un censor oficial designado por el Tribunal Superior de Justicia, limita gravemente la capacidad del periodista y del medio para abordar temas relacionados con la gobernadora Layda Sansores San Román.
Esta imposición va en contra de las resoluciones anteriores de jueces federales que habían suspendido dichas restricciones, lo que genera confusión y preocupación sobre el estado del derecho a la libertad de expresión en el país. Jorge González ha expresado que estas condiciones impuestas son un obstáculo para ejercer su labor periodística, afirmando que no puede realizar entrevistas ni comentarios sin la autorización del censor designado, situación que considera inconstitucional.
El impacto de esta orden también afecta al funcionamiento de "Tribuna", al exigir que el contenido que se publique o se difunda esté sujeto a la aprobación de un representante del Estado, lo que plantea serias dudas sobre la autonomía editorial del medio. El periodista ha indicado que se ve obligado a cancelar su programa en redes sociales, demostrando cómo estas medidas no solo afectan su voz individual, sino también el ambiente periodístico en general en la región.
Este caso es un reflejo de las tensiones entre el ejercicio del periodismo y las autoridades en diferentes contextos, poniendo en riesgo la pluralidad de la información y el derecho a expresar opiniones libremente.