La aprobación de la iniciativa conocida como la ley del ciberasedio en el Congreso de Puebla ha generado una gran controversia y críticas por parte de organizaciones civiles y medios de comunicación. A pesar de las advertencias sobre el potencial uso abusivo de esta legislación en contra de la libertad de expresión, los legisladores, en su mayoría del bloque aliado de la 4T, decidieron aprobarla sin una discusión adecuada con la ciudadanía y expertos en la materia.
Organizaciones como Artículo 19 y la Red de Periodistas Puebla habían instado a los legisladores a rechazar la propuesta, argumentando que los delitos propuestos en la reforma violan principios de derechos humanos y de libertad de expresión, además de no alinearse con el principio de certeza en el derecho penal. Este tipo de reformas podrían ser utilizadas de manera arbitraria, afectando especialmente a periodistas y medios de comunicación.
La urgencia detrás de esta legislación parece en parte relacionada con el contexto político actual en Puebla, donde una cuenta anónima de redes sociales ha estado criticando al gobernador Alejandro Armenta. Algunos legisladores opositores han manifestado que esta nueva ley podría ser vista como un intento de censura, temor que resuena en un clima donde la libertad de expresión enfrenta constantes desafíos.
Es claro que el debate sobre la ciberseguridad y la regulación del contenido en línea sigue polarizando opiniones, y la forma en que se manejen estas reformas tendrá un impacto significativo en el ejercicio de los derechos fundamentales en Puebla.