El fenómeno que describes es una preocupación legítima en el contexto político de México y refleja un problema estructural que afecta la integridad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía. La falta de separación entre el cargo actual y las aspiraciones políticas es un claro indicativo de la normalización de prácticas que, aunque ilegales, se llevan a cabo abiertamente sin que se vislumbre una respuesta contundente por parte de las autoridades encargadas de supervisar y regular el comportamiento de los servidores públicos.
El uso de recursos públicos para fines personales o electorales no solo vulnera la ley, sino que también erosiona la legitimidad de las instituciones democráticas. Cuando los funcionarios utilizan recursos destinados a la ciudadanía para promover su imagen personal, se establece una desigualdad en el proceso electoral y se compromete la equidad del mismo.
Además, el silencio de las instituciones, como el INE y los organismos electorales locales, ante estas violaciones es alarmante. Estas entidades tienen la responsabilidad de sancionar y prevenir actos que atenten contra la ley electoral, y su inacción puede perpetuar la percepción de impunidad y corrupción en el gobierno.
El ejemplo de Esthela Damián resalta que es posible actuar éticamente en política, y su decisión de separarse de su puesto para buscar una candidatura debería ser la norma, no la excepción. La ciudadanía tiene un papel fundamental en exigir transparencia y rendición de cuentas, y es esencial que se sigan levantando denuncias y que se promueva una cultura de responsabilidad en el servicio público.
Para enfrentar esta situación, es crucial que tanto la ciudadanía como las instituciones exijan un apego estricto a la ley y promuevan reformas que garanticen la separación del poder político y el uso adecuado de los recursos públicos. Solo así se podrá recuperar la confianza en el sistema y crear un entorno más justo y transparente.