La reciente implementación del decreto en México, promovido como un avance hacia la transparencia y la cercanía del gobierno con la ciudadanía, suscita una serie de interrogantes sobre la efectividad real de estas medidas. Aunque el discurso oficial destaca avances que, en teoría, deberían mejorar el acceso a la información pública, es crucial analizar si en la práctica se están logrando esos objetivos o si simplemente se está reetiquetando un sistema que ya existía.
El artículo señala que muchos de los elementos considerados como innovaciones —como la publicación de programas anuales de auditoría y la difusión de contratos públicos— han estado enmarcados dentro de la legislación mexicana por años. Cumplir con esos lineamientos legales no debería interpretarse como un regalo del gobierno, sino como un requerimiento básico. A lo largo de más de dos décadas, México ha edificado un sistema de transparencia robusto, incluido un acceso efectivo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que ha registrado millones de solicitudes de información y consultas.
Sin embargo, se evidencia que la PNT, lejos de haber mejorado, ha sufrido retrocesos significativos, complicando la experiencia de los usuarios. La navegación que anteriormente era intuitiva se ha convertido en un procedimiento técnico y complicado, alejando a los ciudadanos que no poseen conocimientos específicos sobre las estructuras gubernamentales. La eliminación de la aplicación móvil y del chat de orientación limita el acceso y la posibilidad de asistencia inmediata, crucial para quienes utilizan la plataforma por primera vez.
Además, la eliminación de INTEGRA2 es una pérdida notable, ya que esta herramienta estaba diseñada para facilitar el acceso a personas con discapacidades, fomentando así un entorno más inclusivo. La accesibilidad y la usabilidad son aspectos esenciales del derecho al acceso a la información y, al eliminar estos recursos, el estado está fallando en garantizar que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de ejercer sus derechos.
En conclusión, mientras se proclama un avance hacia la transparencia, en la práctica, se observan cambios que dificultan la interacción de los ciudadanos con la PNT, sugiriendo que la retórica oficial puede no alinearse con las realidades del sistema. El desafío radica en hacer que la transparencia no solo sea una palabra de moda, sino una práctica efectiva y accesible para todos.