la sesión privada, algunos ministros propusieron un presupuesto con incrementos significativos, a lo que ella se opuso, argumentando que tal aumento no era justificable en el contexto actual. En cambio, ella abogó por una gestión más austera y eficiente de los recursos, señalando que los incrementos propuestos podrían generar una percepción negativa de la Corte en la opinión pública.
La ministra destacó que su postura tenía que ver con la responsabilidad fiscal y la rendición de cuentas, y no con una falta de compromiso con la labor del Máximo Tribunal. Este desacuerdo en el manejo del presupuesto y las propuestas de gasto han generado tensiones entre los miembros de la Corte, que ya se reflejan en las dinámicas de discusión y toma de decisiones en el Pleno.
A raíz de estos conflictos, la ministra Batres expresó su preocupación por la posibilidad de que su postura y acciones fueran interpretadas de manera sesgada por sus colegas, lo que, según ella, podría influir en la independencia de sus decisiones judiciales. La situación pone de manifiesto las complejidades del trabajo dentro de la Suprema Corte, donde las diferencias en opiniones sobre temas administrativos pueden tener implicaciones profundas en las relaciones personales y profesionales entre los ministros.
El incidente ha suscitado un debate más amplio sobre la transparencia en el manejo de los recursos judiciales y la importancia de mantener un ambiente de respeto y diálogo constructivo entre los integrantes de la Suprema Corte, en un momento en el que la confianza de la ciudadanía en las instituciones ha sido puesta a prueba.